Una amplia literatura ha analizado los conflictos relacionados con actividades extractivas  desde diferentes ángulos. Estos conflictos han sido vistos como una respuesta local ante impactos ambientales y a la salud (Balvin, 1995; Carhuaricra y Velásquez, 2005; Pajuelo, 2005; Scurrah, 2008), una reacción de la sociedad campesina por la autonomía en las decisiones sobre su territorio (Alayza, 2007; Bebbington, 2007), formas de presión por mayores beneficios económicos (McMahon y Remy, 2001; Gil, 2009) y procesos complejos donde intervienen diversas instancias del poder estatal nacional, regional y local, en relación a percepciones de riesgos y  beneficios, impactos ambientales, competencia por recursos naturales y participación en la decisión sobre el uso del territorio (De Echave José et al, 2009).

Todas estas interpretaciones analizan, acertadamente,  las causas inmediatas de la violencia alrededor de proyectos extractivos y las conductas del Estado, empresas, poblaciones y organizaciones civiles durante el conflicto. Sin embargo, en todos los casos se asume un papel ineficiente y contradictorio del Estado central. El Estado es siempre “ausente”, “sesgado”y/ o “débil” frente a las empresas, incumpliendo su rol fiscalizador y protector de las poblaciones más vulnerables ante los riesgos de las actividades extractivas. Una mirada a la economía y al sistema político peruano nos puede mostrar que el Estado en realidad no está ausente sino que es parte consustancial de la actividad extractiva y de los conflictos alrededor de esta.

¿Qué importancia tienen las actividades extractivas para la economía peruana actualmente? Las actividades mineras y de hidrocarburos representan en la última década más del 60% de las exportaciones y la participación de ambas en los ingresos fiscales ha pasado del 13% a más del 20% entre 1998 y el 2010. Es decir, la economía peruana y el Estado son cada vez más dependientes de los ingresos tributarios y de las divisas que genera este sector. La centralidad de la disponibilidad de dólares en una economía como la peruana requiere ser analizada. En una economía altamente dependiente de productos importados, la disponibilidad de divisas es vital para el funcionamiento de casi todo: desde contar con pan y pollo en las tiendas y gasolina en los grifos hasta tener insumos, repuestos y equipos en las fábricas. Una de las últimas grandes crisis macroeconómicas, la ocurrida durante el primer gobierno de García, tuvo su origen en gran parte debido a la ausencia de ingreso de divisas por exportaciones (o endeudamiento). García hizo una mezcla que la economía peruana no puede tolerar: generó desde el Estado un incremento en la demanda de bienes y servicios (a través de aumentos salariales en el sector público) sin promover un crecimiento similar en las exportaciones y, por lo tanto en la disponibilidad de divisas. Sin dólares en cantidad suficiente, las fábricas y empresas se vieron en la imposibilidad de importar más insumos y equipo. La producción se detuvo en este cuello de botella, y la inflación de disparó. Imaginemos una situación como esa ahora, con el país en un rápido crecimiento y sin dólares. Sería el caos.

La importancia de los tributos es obvia. Sin embargo, es necesario analizar cómo y sobre todo en quiénes se invierten los recursos fiscales. La prioridad del combate a la pobreza ha llevado a todos los partidos políticos, sobre todo los de izquierda, a buscar fuentes de financiamiento para sus ofrecimientos electorales (Cuna Más o Pensión 65 necesitan financiarse). En Latinoamerica, los gobiernos han encontrado en las actividades extractivas los recursos necesarios para las políticas de asistencia social que aseguran su mantenimiento en el poder. El paradigma gubernamental del Humalismo, los gobiernos de Lula y ahora Dilma en Brasil, tuvieron una apuesta clara en la creación de empleo en la gran agricultura a costa de la protección del ambiente y de las poblaciones indígenas en la selva amazónica. Luego de la caída de dos gabinetes por la incapacidad para manejar la oposición al proyecto minero Conga y de la brutalidad de la represión estatal en Espinar y Celendín, podemos conjeturar que Humala (como antes García) han comprado el modelo brasileño que prioriza el extractivismo y la generación de energía (base de su crecimiento económico) antes que los derechos humanos e indígenas y el medio ambiente.

El marco social y político del extractivismo en Perú y Latinoamerica actualmente parece ser uno en el que los Estados son manejados por grupos políticos que actúan en respuesta a poblaciones urbanas en crecimiento. Estas poblaciones, tanto por su número como por su cercanía al poder (solo el distrito de San Juan de Lurigancho tiene cerca de 1 millón de habitantes y está a tiro de piedra de Palacio de Gobierno), logran hacer prioritarias sus necesidades de servicios e infraestructura, opción que no tienen las poblaciones rurales dispersas y menguantes. Entre las poblaciones campesinas y nativas, que controlan amplios espacios de territorio con una baja demografía (las comunidades nativas tienen en propiedad poco más del 10% del territorio nacional pero su población es de no más de 350,000 personas, la extensión de 7 distritos de tamaño mediano en Lima) y las poblaciones urbanas, numerosas y poderosas, los Estados optan claramente por estas últimas que devienen en sus clientes políticos. Ello incluye la prioridad de la explotación de recursos naturales cuyos impactos y riesgos son asumidos por las poblaciones rurales mientras que los beneficios netos son urbanos.

En este contexto, las poblaciones que han logrado articular intereses tanto urbanos como rurales y han logrado amplias alianzas con diversas organizaciones, han podido o parar proyectos extractivos (Tambogrande, Tía María, Majaz, Quilish, Conga) o negociar las condiciones del desarrollo de los mismos (Quellaveco, Cerro Verde, Antamina-Huarmey, Tintaya). En otros casos, el desarrollo de los proyectos y sus impactos han pasado simplemente desapercibidos por la debilidad organizativa local y la invisibilidad de los ámbitos rurales más alejados.

Los escenarios futuros que este esquema de relaciones nos plantea pueden proyectarse en dos extremos (una combinación de ambos es también posible):

La continuación de los conflictos a nivel nacional y el desarrollo de proyectos allí donde no exista una oposición local fuerte. Esto impactaría gravemente a las poblaciones rurales más alejadas, especialmente minifundistas y algunas comunidades campesinas y nativas. Los conflictos continuarían por el interés estatal de obtener recursos de proyectos como Tambogrande y Quilish (que solo han sido pospuestos mas no abandonados por el Estado y las empresas), más allá de la posición de autoridades y poblaciones locales.

Un cambio de política estatal que propugne el ordenamiento territorial y zonas donde se puedan realizar actividades extractivas y zonas donde esto no sea permitido. Otros instrumentos de política incluirían los Estudios Ambientales Estratégicos que trascienden al proyecto mismo y evalúan todas las actividades que generan impactos en el ámbito de un ecosistema. Los Estudios de Impacto Ambiental y Social podrían pasar a ser hechos por el mismo Estado (al menos los de proyectos de mediano y gran tamaño) con financiamiento de las empresas interesadas, entre otras medidas

En el primer caso, y asumiendo la continuación del sistema democrático y el cumplimiento de acuerdos internacionales para la protección de los derechos humanos y el ambiente, es posible que el Estado y las empresas extractivas otorguen mayores beneficios económicos a las localidades para obtener su aceptación a estos proyectos. No sería extraño que a futuro las empresas ofrezcan acciones en las empresas a las poblaciones locales y que el Estado otorgue la copropiedad del subsuelo a los dueños de las superficies. Nada de ello impediría el conflicto socio ambiental (por impactos y riesgos ambientales, por al ámbito de beneficios económicos, etc), que sería una situación permanente mientras los precios de los minerales se mantengan altos.

En el segundo caso, el Estado debería aceptar la reducción de la inversión y de los ingresos provenientes de las industrias extractivas. Para ello es condición la creación de fuentes alternativas de ingresos fiscales y exportaciones. Los actuales ingresos provenientes de la minería podrían servir como base para el financiamiento de ejes de desarrollo productivo y de servicios como: corredores económicos de agro exportación, turismo, parques industriales (en líneas productivas exitosas como manufacturas, calzado y carpintería), etc. Sin la creación de fuentes alternativas de ingresos fiscales y exportaciones, el Estado extractivista peruano seguirá promoviendo de forma insostenible  más minas y pozos porque no tiene otra opción en el corto plazo, lo cual redundará en más situaciones de tensión y violencia en ámbitos rurales.

Referencias:

Alayza, Alejandra (2007). No pero sí. Comunidades y Minería. Consulta y consentimiento previo, libre e informado en el Perú. Lima: Oxfam.

Balvin, Doris (1995). Agua, minería y contaminación: el caso de Southern Perú. Ilo: Labor.

Bebbington, Anthony (2007). Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de transformaciones territoriales. Lima: IEP-CEPES.

Carhuaricra, Eduardo y Jaime Velásquez (2005). Flor de Tajo Abierto. Impacto ambiental de la minería en la salud pública de los Andes centrales del Perú. Lima: Fondo editorial del Congreso del Perú.

De Echave José et al (2009). Minería y conflicto social. Lima: IEP-CBC-CIPCA-CIES.

Gil, Vladimir (2009). Aterrizaje Minero. Lima: IEP.

McMahon, Gary y Felix Remy (eds) (2001). Grandes minas y comunidades. Washington: Banco Mundial.

Pajuelo, Ramón (2005). Medioambiente y salud en La Oroya. Lima: Cooperacción.

Ross, Catherine (2008). “El caso del Proyecto Camisea: logros y limitaciones de una coalición ciudadana naciente”. En: Defendiendo derechos y promoviendo cambios. El Estado, las empresas extractivas y las comunidades locales en el Perú. Lima: Oxfam-Instituto del Bien Común-IEP.

Scurrah, Martin (ed.) (2008). Defendiendo derechos y promoviendo cambios. El Estado, las empresas extractivas y las comunidades locales en el Perú. Lima: Oxfam-Instituto del Bien Común-IEP.